Suiza comparte la región alpina con siete países. Para encontrar soluciones eficaces a los problemas de las regiones alpinas, esos Estados alpinos deben colaborar, puesto que las medidas emprendidas por un país unilateralmente tendrán también repercusiones en los países colindantes.

Por todas estas razones, Austria, Francia, Alemania, Italia, Liechtenstein, Mónaco, Eslovenia y Suiza con la Unión Europea han firmado la así denominada Convención Alpina para coordinar conjuntamente la política alpina y fomentar el desarrollo persistente de los Alpes.

Los objetivos de la Convención Alpina suponen un verdadero desafío ya que es difícil llegar a compromisos contundentes para los divergentes intereses económicos y ecológicos de cada país.

El mayor problema para la Suiza federal no fueron sin embargo las objeciones de sus socios alpinos, sino los negociadores en el propio país. Al principio los cantones alpinos rechazaron la Convención y los esbozos del protocolo porque temían una restricción del libre comercio en los Alpes que iba a poner en peligro sus bases de subsistencia (los cantones disfrutan en Suiza de una amplia autonomía).

A continuación, el Gobierno suizo empezó a colaborar con los cantones para evitar un referéndum contra la Convención. Con el tiempo se integraron las peticiones cantonales en los distintos protocolos (utilización de la tierra, protección de la naturaleza, bosques alpinos

Gracias a la colaboración de los cantones, la Convención Alpina es un acuerdo que toma en consideración adecuada tanto la protección como el aprovechamiento de las zonas alpinas. En Suiza la Convención entró en vigor a finales de abril de 1999.