Las competencias de los gobiernos cantonales son muy amplias. La autonomía cantonal es tanta que cada cantón dispone de su propia constitución, de un gobierno autónomo, un parlamento y tribunales judiciales propios. No surgen conflictos de competencia, a menos que la legislación cantonal acate el marco normativo del Estado Federal.

Por tanto, las leyes cantonales tienen que ser compatibles con las normas jurídicas de la Confederación. Pero la autonomía cantonal y los poderes de decisión son muy extensos. Uno de los poderes más importantes es la autonomía fiscal: los cantones son soberanos en cuestiones fiscales y, además de eso, poseen su propia autoridad policial.

En los últimos años el desarrollo económico y político incitó a muchos a considerar ese particularismo cantonal como un obstáculo. Hoy en día los asalariados son más activos y necesitan ser también más flexibles que antes. Por esta razón, en 1999, las autoridades federales, en su empeño de poner en línea la política nacional con las directrices generales de la Union Europea, han reunido los 26 cantones en siete mancomunidades (o regiones), cada cual focalizada a un centro urbano.

El proceso de centralización política se hace cada vez más patente. Muchos problemas conciernen a la nación entera. Hay asuntos que no se pueden delegar a las autoridades cantonales o comunales, como por ejemplo la protección del medio ambiente, el tráfico o los seguros sociales.