El pueblo suizo tiene dos posibilidades para intervenir directamente en la legislación política de su país: por un lado puede impedir por medio del referéndum (facultativo) que una ley aprobada por el Parlamento consiga pleno vigor legal, y por otro puede proponer un proyecto de ley o una modificación de la constitución federal con la iniciativa popular.

La iniciativa popular

Los ciudadanos suizos tienen derecho a recurrir a la iniciativa popular, un instrumento político que garantiza su participación activa en la política. Con la iniciativa pueden reivindicar una enmienda de la Constitución federal o una modificación legal. Si el comité que organiza la iniciativa popular consigue reunir 100.000 firmas en un espacio de no más de dieciocho meses, entonces el electorado suizo acude a las urnas para dar su voto en las urnas.

Teóricamente, una iniciativa sólo puede tratar sobre asuntos constitucionales, pero en la práctica han sido aplicadas para temas muy variados.

La gran mayoría de las iniciativas populares no consiguen la aprobación del pueblo electoral. Los temas de las iniciativas son muy variados, entre los cuales cabe mencionar una iniciativa para un recorte del presupuesto militar del ejército suizo (rechazada), o también una iniciativa que pretendía limitar el número de residentes extranjeros en Suiza a un 18% (rechazada).

Iniciativas ya algo más «exóticas» trataron sobre temas como la liberalización en la gestión de los casinos (aprobada), la protección de los humedales (aprobada) y la prohibición de la producción y la venta de absenta (aprobada). La primera iniciativa que se entabló bajo la legislación actualmente vigente, se sometió a votación pública en 1893. Reclamaba la interdicción de matar la res conforme al rito judío en los mataderos, iniciativa aprobada por el pueblo electoral a despecho de la advertencia contraria del parlamento.

El referéndum

Los suizos usan el término «referéndum» para designar una votación popular convocada para revocar una disposición legal ya aprobada por la Asamblea federal. Las exigencias para el referéndum facultativo no son tan elevadas como para la iniciativa popular.

Para que el pueblo suizo pueda derogar una ley ratificada por el Parlamento, se requieren 50.000 firmas en un espacio de cien días. Eso quiere decir que el comité que convoque el referéndum tendrá que reunir por lo menos 50 mil firmas dentro de los próximos cien días tras la promulgación de la ley, para obligar al gobierno a someter el asunto a votación pública.

No obstante, no en todos los casos hay que reunir firmas; en ciertas ocasiones se da el caso de que una decisión parlamentaria concierne normas constitucionales o el derecho internacional. Para estos casos está previsto el referéndum obligatorio. Modificaciones constitucionales, convenios bilaterales o el ingreso en organizaciones supranacionales exigen la ineludible sentencia popular.

Un asunto que está sujeto a una iniciativa popular o a un referéndum obligatorio sólo es aprobado, si se consigue una doble mayoría, o sea si la mayor parte del electorado y de los cantones lo dan por bueno.